Entre las nuevas regulaciones que más impacto tendrán en la industria de alimentación y bebidas este año se encuentra el Real Decreto 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases. El Consejo de Ministros lo aprobó el 27 de diciembre, unos días antes de que terminara 2022, tal y como llevaba meses anunciando. El Gobierno señala que la nueva norma, que revisa una legislación nacional de hace 20 años, establece cambios profundos en esta materia para avanzar hacia una economía circular y alcanzar los nuevos objetivos de reciclado de envases para 2025 y 2030 establecidos por la Unión Europea.
Entre otras, establece medidas orientadas a la prevención de residuos de envases y, en línea con la ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, marca entre sus objetivos para 2030 la reducción del 20% de las botellas de plástico de un solo uso respecto a 2022.
El Real Decreto fomenta también la venta a granel de alimentos. Por ejemplo, las frutas y verduras frescas enteras no podrán comercializarse en envases de menos de 1,5 kg, salvo en determinados supuestos, como aquellas que presenten un riesgo de deterioro o merma cuando no se venden envasados. Los comercios disponen de seis meses para adaptarse a la nueva exigencia, que establece que aquellos cuya superficie sea igual o mayor a 400 metros cuadrados destinarán al menos el 20% de su área de ventas a la oferta de productos presentados sin embalaje primario o mediante envases reutilizables.
Los comercios minoristas deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables adecuados y limpios por parte de los consumidores y ofrecer un número de referencias en envases reutilizables desde 2025 o 2027
Además, la nueva norma incluye medidas para fomentar el aumento de la reutilización de los envases en el sector de las bebidas, sin comprometer la seguridad alimentaria. Entre otras, la que establece que los comercios minoristas deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables adecuados y limpios por parte de los consumidores y ofrecer un número de referencias en envases reutilizables desde 2025 o 2027, según su superficie. Además se va a establecer un sistema de depósito, devolución y retorno para garantizar la recuperación de estos envases.
El Real Decreto de Envases y Residuos de Envases también fomenta el uso de materiales obtenidos a partir de residuos de envases en la fabricación de nuevos contenedores y otros productos, y establece porcentajes de contenido en plástico reciclado en los envases para 2025 y 2030 que los productores deberán intentar alcanzar.
Dispone también normas específicas de marcado en relación al contenedor en que deben depositarse los residuos de envases a partir del 1 de enero de 2025 y prohíbe el marcado con expresiones como “respetuoso con el medioambiente” o cualquier otro equivalente que pueda inducir a su abandono en el entorno.
Responsabilidad Ampliada del Productor
Entre las nuevas obligaciones que contempla destaca la de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que afecta a todas las empresas que utilizan envases y embalajes industriales y comerciales para transportar y vender productos a sus clientes en España. El Real Decreto establece que serán ellas las que ahora se harán cargo de la financiación y gestión de los residuos de sus envases; y no los clientes finales como ocurría hasta ahora.
“Las empresas tendrán que hacerse cargo de los residuos de envases y embalajes de tipo industrial y comercial que acaban en las instalaciones de su cliente final, con el consiguiente coste y con importantes nuevas necesidades organizativas para las empresas. Además de otras obligaciones ante las administraciones públicas como su inscripción en Registro de envases del Ministerio de Transición Ecológica, el suministro de datos de puesta en el mercado de los embalajes, cumplimiento de objetivos de reciclado y reutilización, etc.”, explican desde Envalora, un nuevo sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (scrap) para los envases industriales y comerciales.
Los scraps nacen con el objetivo de aportar una solución colectiva y eficiente a las empresas ante esta nueva responsabilidad, ya que asumen, de modo delegado, gran parte de sus obligaciones y prestan asesoramiento técnico y legal para cumplir con el nuevo Real Decreto.
Nuevo impuesto al plástico
Por otra parte, desde el 1 de enero está en vigor el nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables, contemplado en la ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada el pasado mes de abril. Este nuevo tributo indirecto establece un tipo de 0,45 euros por kilo de plástico no reciclado que contengan los envases no reutilizables. El Gobierno espera recaudar 690 millones de euros con él.
Afecta tanto a los envases vacíos como si se adquieren conteniendo algún producto o se utilizan para manipular, proteger, distribuir o presentar mercancía. Además, también se incluyen los productos plásticos semielaborados (destinados a la fabricación de envases, como las láminas de termoplásticos) o las piezas de plástico diseñadas para el cierre, la comercialización o presentación de envases no reutilizables.
Deberán pagarlo quienes fabriquen estos envases en España, así como quienes los adquieran dentro de la Unión Europea o los importen desde otros países no miembros de la UE. Son los tres tipos de contribuyentes obligados a declarar y pagar el impuesto ante la Administración, si bien prevé que el fabricante repercuta el impuesto en su factura y los siguientes eslabones de la cadena de distribución decidan a su vez si lo hacen y cómo lo repercuten.
Organizaciones empresariales de la industria de la alimentación y bebidas, como FIAB o Aecoc, habían pedido en los últimos meses al Gobierno que aplazara la entrada en vigor de este impuesto al plástico de un solo uso para evitar nuevos costes a las empresas ante la compleja situación económica que soportan por la inflación y por los elevados costes de la energía y de las materias primas provocados por la guerra de Ucrania y la incertidumbre internacional. A ello, indicaban estas organizaciones, se suma la complejidad en la gestión del nuevo impuesto, pero el Gobierno solo ha establecido una moratoria hasta julio para presentar los asientos contables relacionados con el nuevo tributo.
“Somos muchos los que desde la industria hemos solicitado en innumerables ocasiones la moratoria de un año para la entrada en vigor de este impuesto, pues además del impacto económico directo que comportará, la indefinición que aún hoy rodea a su implantación lo convierte en un elemento de clara inseguridad jurídica para nuestras empresas”, señalaba Rubén Moreno, secretario general de Produlce, en un artículo de opinión publicado en Cinco Días recientemente.
Sin IVA en los productos esenciales
2023 ha comenzado también con un paquete de medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno. Entre ellas la eliminación o reducción temporal del IVA en alimentos básicos, que además no podrán subir de precio en los próximos cuatro meses. Esta rebaja del impuesto al valor agregado estará en vigor hasta julio, o hasta el 1 de mayo si la tasa interanual de la inflación subyacente de marzo cae por debajo del 5,5%. Supondrá un coste de 661 millones de euros para las arcas publicas.
Asociaciones que representan a la cadena de valor del gran consumo han valorado de forma positiva estas medidas, aunque consideran que también deberían incluir el pescado, la carne o los yogures
El IVA se elimina en productos que ya se consideraban esenciales y a los que se aplicaba un IVA superreducido del 4% hasta ahora. Son panes comunes, harinas panificables, leche de cualquier especie animal, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales considerados productos naturales según el Código Alimentario. El IVA de otros alimentos como el aceite (incluido el de oliva) y la pasta se rebaja del 10% al 5%.
Asociaciones que representan a la cadena de valor del gran consumo, como ACES, Aecoc, Anged, Asedas y FIAB han valorado de forma positiva estas medidas, aunque consideran que también deberían incluir el pescado, la carne o los yogures (se mantienen con el 10%) porque también “forman parte de la cesta básica de los consumidores y son además esenciales en la dieta mediterránea”, señalan en un comunicado estas organizaciones.
Las medidas aprobadas, en cualquier caso, indican en ese mismo comunicado “son una buena noticia que contribuirá a limitar el impacto de la inflación, tendrán un impacto directo y positivo en el bolsillo de los consumidores y respaldan el compromiso de la cadena agroalimentaria, que desde hace meses está realizando un esfuerzo extraordinario para amortiguar el fuerte impacto que, sobre los costes de producción y distribución de alimentos, ha tenido la escalada de la energía y de las materias primas”.
Estas medidas anticrisis también incluyen una ayuda para incentivar el consumo de 200 euros para 4,2 millones de hogares españoles con rentas menores a 27.000 euros y cuyo patrimonio no supere los 75.000, así como subvenciones por valor 300 millones para los agricultores para compensarles por la subida de los costes de producción, sobre todo el incremento de precio de los fertilizantes.
Durante este año se mantendrá también el descuento de 20 céntimos por litro de carburante para los transportistas, los agricultores y los pescadores, y permanecerán congeladas las tarifas de las autopistas de competencia estatal rescatadas por el Gobierno, como las radiales de Madrid.
En cuanto al mercado eléctrico, destaca la entrada en vigor de la nueva tarifa del mercado regulado (PVPC); el mantenimiento de la rebaja del IVA al 5% (tras bajar del 21% en el último año y medio); y del especial en el 0,5%, el mínimo permitido por la Comisión Europea (era del 5,11% de antes de la crisis).
