La violencia sexual es un problema de salud pública muy infradetectado, con importantes consecuencias a corto y largo plazo sobre la salud física, mental, social, sexual y reproductiva, que deben ser tenidas en cuenta desde los servicios de salud.
Los sistemas de salud forman parte del conjunto de recursos necesarios para un abordaje integral desde el modelo ecológico: prevención y promoción de una sexualidad saludable y en igualdad, atención adecuada y coordinada ante una agresión sexual y apoyo posterior para la prevención de secuelas.
Todas las violencias sexuales tienen consecuencias para la salud, incluso las que puedan parecer menos graves, como el acoso sexual o la ciberviolencia sexual.
Debemos tener en cuenta las necesidades de la víctima y sus posibles reacciones emocionales. Se realizará una valoración de riesgos, se derivará a un servicio hospitalario cuando sea necesario y se priorizará una atención integral e integrada.
La atención y el seguimiento deben realizarse con un enfoque centrado en la superviviente y por profesionales formados en trauma para comprender las consecuencias de la violencia sexual, ofrecer un entorno seguro y de confianza, y saber reforzar sus cualidades y apoyos.
