Sólo un 23% de la población española piensa que en 2024 su poder adquisitivo aumentará, mientras que un 30% declara que bajará. Este es uno de los datos compartidos por la consultora Ipsos, a través de su estudio Global Inflation Monitor, con el que sondea periódicamente en 33 países la percepción de la ciudadanía sobre la inflación, cómo les impacta y sus expectativas de futuro, debido a que este fenómeno “continúa siendo una de las protagonistas de la actualidad diaria y de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía mundial”. En este contexto, una tendencia que la población española ha ido percibiendo en los últimos tiempos es lo que se conoce como reduflación: la reducción del contenido o el tamaño de los productos mientras se mantiene el mismo precio, para hacer frente al incremento de los costes por parte de las empresas. En el caso de España, un 54% ha notado en sus compras que los productos cada vez son más pequeños o tienen menos cantidad, pero pagan lo mismo que antes. 6 de cada 10 consumidores españoles ven esta práctica como “inaceptable”, y donde más lo han percibido es en los snacks (52%), pan, pasta y arroz (39%), dulces y chocolates (37%) y comida precocinada (36%). Además, la población española se encuentra entre los tres países europeos más pesimistas sobre el fin del periodo inflacionista, ya que un 71% declara que los altos ratios de inflación acabarán en un tiempo comprendido entre uno y dos años, una tendencia similar a nivel global (62%). Un 46% de la gente piensa que los bienes y servicios costarán más dentro de un año que ahora, creyendo precisamente que lo que más se encarecerá es la cesta de la compra, seguida de la energía, otras compras del hogar y el ocio; mientras que sólo un 11% piensa que los precios bajarán. Por otra parte, en nuestro país, hasta un 77% cree que el estado de la economía mundial actual es el responsable de la inflación y de la subida de precios, seguido de muy cerca por el segundo factor señalado (76%): los tipos de interés. Cerrando el top 3 se sitúan las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania con un 72%. Y aunque las políticas económicas del Gobierno se encuentran en cuarta posición (61%), España está entre los países europeos que menos culpabilizan al Gobierno de la inflación en su país; mientras que Reino Unido, Polonia e Italia son los países más críticos con sus gobiernos. Para combatir este contexto inflacionario, el Gobierno aprobó el mantenimiento de la rebaja del IVA sobre los alimentos básicos a comienzos de este año, en principio para seis meses, pero la medida fue prolongada para abarcar también el periodo comprendido el 1 de julio y el 30 de septiembre, por lo que ahora, con el comienzo del mes de octubre, llega su fin al no haber sido prorrogada de nuevo. Esta no renovación se lleva a cabo conforme a las directrices de la Comisión Europea para la gradual eliminación de medidas extraordinarias adoptadas en años previos. El aceite de oliva, la leche, el pan, los huevos, el queso, frutas, legumbres, tubérculos, cereales, verduras y harinas panificables son los alimentos esenciales que se ven afectados por el fin de esta medida. Hasta ahora se encontraban con un IVA del 0% y pasarán a tener un 2%, mientras que la pasta y los aceites de semillas aumentan del 5% al 7,5%. Esta medida que ahora llega a su fin ha sido vista por la industria y la distribución como una acción positiva para intentar frenar la inflación en los alimentos, ya que, según un informe de PwC para Aecoc, sin esta prolongación de la rebaja del IVA, el IPC alimentario podría haber aumentado aproximadamente 1,4 puntos porcentuales respecto a los niveles actuales. En este mismo informe, los expertos vaticinaron que esta retirada del IVA reducido elevará la inflación alimentaria en torno a un punto. “La reducción del IVA de los alimentos se ha demostrado efectiva, y, por tanto, no haberla ampliado habría tenido un efecto muy negativo en la evolución de los precios de los alimentos”, aseguró José María Bonmatí, director general de Aecoc, cuando se anunció la prolongación de la medida, de la que aseguraron que “sirve para aliviar al consumidor español de la carga que supone el actual escenario inflacionista, con un impacto claro en determinados productos de la cesta de la compra”, aunque también lamentaron que no se hubiera aplicado a otros productos de la cesta de la compra como carnes o pescados.