El pasado 2 de febrero las entidades de gestión de derechos de autor españolas enviaron el manifiesto ‘Por la independencia y pluralidad de la cultura europea’ al Gobierno español en el que solicitan que, a pesar de las presiones de las grandes plataformas tecnológicas, se mantenga la gestión colectiva obligatoria en la trasposición de la Directiva europea de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que deberá efectuarse antes del próximo 7 de junio.
En el mismo sentido, la mayor parte de asociaciones de autores y escritores hicieron público también un manifiesto de apoyo al mantenimiento de la gestión colectiva obligatoria de los derechos de autor.
En esencia, se trata de un problema internacional que pone sobre la mesa el uso de contenidos en la red de forma gratuita por parte de las grandes plataformas, sin compensación a los autores, editores y medios de comunicación.
En Australia, por ejemplo, Google ha advertido la intención de cerrar su motor de búsqueda en ese país en el caso de que la legislación les obligue al pago por el uso de los contenidos. La negativa inicial del gobierno australiano ha llevado a Microsoft a proponer su buscador Bing. En Francia, parece que una asociación que agrupa a 120 editores ha aceptado una propuesta económica de Google.
El contenido y la distribución tienen una relación simbiótica; sin contenido, no hay nada que distribuir, y sin canales de distribución, el contenido de calidad nunca llegaría. Sin embargo es necesario respetar los derechos de los autores y editores, en un contexto en el que las grandes plataformas tienen un poder enorme. Tanto que llevo a afirmar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el último Foro Económico de Davos ‘el modelo de negocio de las plataformas de internet influye directamente en las democracias, la seguridad y la calidad de la información’
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