El pasado mes de noviembre el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 24/2021 que transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea del 2019 sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital.
La transposición de esta directiva intenta adaptar los derechos de autor al nuevo entorno digital, en el que los gigantes tecnológicos (Google, Amazon, Facebook) se han erigido como intermediarios imprescindibles en el mercado, con grave perjuicio para los titulares de derechos de autor.
Sin embargo, la normativa española deja libertad en cuanto a la forma de gestión de este derecho, por lo que cada editor o titular de derechos podrá gestionar de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o de forma colectiva a través de una entidad de gestión.
La entidad de gestión CEDRO, que representa a 27.414 autores y 2.444 editores españoles, afirma que una gestión colectiva obligatoria es la única forma, justa, equitativa, imparcial y transparente de respetar los derechos de los creadores. Y, por tanto, el Real Decreto aprobado por el Gobierno no ayudará a autores y editores, ya que no cumple el mandato de la directiva europea de establecer sistemas eficaces de remuneración y de distribución de los ingresos derivados de dichos usos digitales.
Además CEDRO solicita que se revise la nueva regulación porque se han introducido límites al derecho de autor no amparados por el marco europeo. Lo cual favorece de forma injusta y desproporcionada a las grandes plataformas digitales.
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